Quienes suscribimos, como organizaciones representantes de la sociedad civil y preocupadas por la
consolidación de nuestra democracia, expresamos nuestra más profunda preocupación por la decisión
tomada hoy, de manera dividida, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).


Esta sentencia faculta, en los hechos, a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para
designar, de manera unilateral, a los titulares de las unidades administrativas y la secretaría ejecutiva
del máximo órgano electoral del país. Este tema tiene mayor relevancia en la antesala del proceso
electoral más grande, numeroso y complejo en la historia de México.


Esta decisión no solo contraviene abiertamente el espíritu de la Ley, sino que además hace a un lado al
Consejo General, el máximo órgano de dirección del instituto. No podemos olvidar que al diseñar el
instituto, el legislador otorgó al Consejo General la facultad de designación colegiada, a fin de
anteponer el consenso y legitimar las decisiones, evitando que éstas se tomaran de manera unilateral.
La decisión tomada hoy por el TEPJF valida el paso de la colegialidad a la discrecionalidad; y de la
deliberación y participación, a la imposición.


Quienes suscribimos expresamos nuestra profunda indignación por los intentos de captura de los
órganos electorales que, además, contravienen la voluntad expresada en las calles por cientos de miles
de ciudadanos que nos opusimos a que se tocara el INE.


Las y los mexicanos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes y representantes mediante
elecciones libres, transparentes, justas y profesionalmente organizadas. Estos hechos en nada abonan a
la confianza de las y los ciudadanos en la autoridad electoral y en el desarrollo del proceso. Por el
contrario, solo llevan a concluir que en efecto se está preparando una elección de Estado que pretende,
a toda costa, pasar por encima de la voluntad popular.


Exigimos a la presidenta del INE que tanto la secretaría ejecutiva, como las direcciones ejectuivas del
instituto sean designadas con el consenso del Consejo General, tal como lo dispone el marco legal
vigente. Solo de esta manera las y los mexicanos podremos mantener la confianza en ese órgano que
ha sido orgullo de nuestra democracia.